Derecho Administrativo y Contrataciones Públicas

Asesoramos a personas y empresas en su relación con los organismos del Estado: trámites y permisos, procedimientos administrativos, recursos contra decisiones de la administración y participación en contrataciones públicas. Acompañamos a los oferentes en la revisión de pliegos, la preparación de ofertas, las protestas y la ejecución de los contratos adjudicados, con especial atención a los plazos y a las formalidades que caracterizan a estos procedimientos.

La relación con la administración pública se rige por procedimientos formales, con plazos estrictos y requisitos que, si no se cumplen, pueden hacer perder un derecho. Asesoramos a personas y empresas para que esa relación se desarrolle con orden y previsibilidad.

Intervenimos en trámites, habilitaciones y permisos ante organismos nacionales y municipales, preparando la documentación y haciendo el seguimiento de cada expediente. Cuando una decisión de la administración afecta los intereses del cliente, analizamos su fundamento y su forma, y planteamos los recursos que correspondan dentro de los plazos previstos.

En materia de contrataciones públicas, acompañamos a los oferentes en todas las etapas del procedimiento. Revisamos los pliegos de bases y condiciones para identificar requisitos, riesgos y posibles observaciones; colaboramos en la preparación de la oferta desde el punto de vista jurídico; y, cuando el cliente considera que el procedimiento no se ajustó a las reglas, preparamos las protestas e impugnaciones correspondientes.

Una vez adjudicado un contrato, asesoramos en su ejecución: garantías, modificaciones, ampliaciones, reclamos por demoras o variaciones de costos y terminación del vínculo. Estos aspectos requieren una lectura atenta del contrato y de las normas que lo rigen.

Cuando la vía administrativa se agota, evaluamos con el cliente la conveniencia de acudir a la instancia contencioso-administrativa y lo representamos en ella.

También asesoramos a empresas proveedoras del Estado en la organización interna que exige esa actividad: el control de los plazos de cada procedimiento, el resguardo de la documentación de las ofertas y de la ejecución, y la revisión de los requisitos de habilitación que deben mantenerse vigentes. Una gestión ordenada de estos aspectos reduce el riesgo de observaciones y facilita la defensa de los derechos del contratista cuando surge una diferencia con el organismo contratante.